Reforma constitucional en El Salvador y también en Cuba

La Habana/El pasado viernes, una de las principales noticias internacionales del día fue, por derecho propio, la adopción, en el fraterno El Salvador, de una reforma constitucional que, junto con una serie de otras medidas diversas, autoriza la reelección indefinida del presidente de la República.

Las informaciones sobre el asunto precisan que, este jueves, las fuerzas gubernamentales del pequeño país centroamericano aprobaron lo que sin dudas merece el calificativo que ha sido empleado en diversos medios de prensa: “reforma exprés”. Con ese fin, esas fuerzas hicieron uso de la aplastante mayoría con la que cuentan en la Asamblea Legislativa salvadoreña, en la que apenas figuran tres parlamentarios que pertenecen a otros partidos.

Conviene aclarar que la siguiente reelección de Bukele, al amparo de la nueva reforma, no sería la primera. A pesar de que tal cosa la prohibía expresamente la Carta Magna vigente, el presidente renunció seis meses antes de que finalizara su primer período de mandato. A esa treta se sumó una interpretación aventurada que de los preceptos supralegales hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, convenientemente renovada por entero por la Asamblea Legislativa, ya controlada por el partido del presidente. Fue así que Bukele resultó reelecto en 2024 con un imponente 88,3% de los votos válidos.

A pesar de que tal cosa la prohibía expresamente la Carta Magna vigente, el presidente renunció seis meses antes de que finalizara su primer período de mandato

Esa cifra impresionante no es infundada ni arbitraria. Es un hecho cierto que, antes del arribo de Bukele a la jefatura del Estado, en el país campeaban por sus respetos las pandillas delincuenciales (las famosas “maras”, término salvadoreño que ha adquirido carta de naturaleza en nuestro idioma).

Con una mezcla de energía y severidad (salpicada, según algunos detractores, por cierta dosis de infracción de los derechos humanos y procesales de los pandilleros), Bukele y su Gobierno lograron revertir esa lastimosa situación; al propio tiempo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se derrumbó de modo estrepitoso: de 105 en 2015 a 1,9 en 2024 (la cual, a su vez, fue un 26% menor que la de 2023).

Estas realidades permiten que la población salvadoreña, con toda la razón del mundo, tenga una percepción mucho mejor de la seguridad existente en el país. En ese contexto, resultan explicables y perfectamente comprensibles las elevadas cifras de apoyo popular a Nuevas Ideas, el partido que postuló y logró hacer elegir a Bukele, así como a la abrumadora mayoría de los asambleístas.

Es así que, en 2024, de los 60 miembros del Legislativo, la coalición de Gobierno obtuvo 57 (de ellos, 54 de Nuevas Ideas); la oposición, como queda dicho, apenas tres. La única representación nacional (algún nombre hay que darle) que la supera en ese aspecto, es la de Cuba, en la cual todos y cada uno de los integrantes de la llamada “Asamblea Nacional del Poder Popular” (ANPP) son declaradamente del partido en el Gobierno.

Pero hay inmensas diferencias entre esos dos órganos legislativos. La amplísima mayoría gubernamental en El Salvador fue electa gracias al respaldo popular arriba mencionado, y frente a candidatos de oposición que contaron con todas las posibilidades para desarrollar sus respectivas campañas electorales.

La de Cuba no. En nuestro país, el control absoluto del único partido sobre el Legislativo parte de las llamadas comisiones de candidatura. Este mecanismo tramposo, recogido en la Ley Electoral, permite que haya un solo candidato a diputado inscrito por cada curul a cubrir. O sea: que de antemano está garantizada la “elección” de cada aspirante, y así lo han demostrado todas las votaciones realizadas bajo las constituciones castrocomunistas.

Pero, aun reconociendo las diferencias abismales que existen al respecto entre uno y otro país, es lícito que nos formulemos algunas preguntas en el caso de El Salvador: ¿Es adecuado que el sistema electoral de un país democrático (como hasta ahora –creo– lo sigue siendo la república centroamericana) permita el virtual control absoluto del Legislativo por una sola fuerza política? ¿Es correcto que la Carta Magna del país sea reformada en un solo día? Porque hay que decir que, en este último aspecto, también hubo demasiadas similitudes entre lo ocurrido en La Habana hace unos días y lo que sucedió en San Salvador el pasado jueves.

¿Es adecuado que el sistema electoral de un país democrático (como hasta ahora –creo– lo sigue siendo la república centroamericana) permita el virtual control absoluto del Legislativo por una sola fuerza política?

Es que se supone que la Constitución de un país establece, por así decirlo, “las reglas del juego”. Sus preceptos –¡por supuesto!– deben estar sujetos a ser actualizados en todo momento, pero se supone que decisiones tan importantes como esas sean tomadas de manera informada, y que la ciudadanía participe en ese proceso de manera amplia. Para esto se requiere que curse determinado tiempo: si no años o meses, sí al menos algunas semanas.

Eso faltó en la reforma supralegal salvadoreña del pasado jueves; como también en la cubana del día 18. Pero, bueno, ya sabemos que si algo caracteriza a nuestra sufrida Isla es justamente el carácter nada democrático de su sistema de Gobierno. Y esto último en tan gran medida, que esa realidad se ha reflejado en la escasa cobertura que la noticia proveniente de Centroamérica ha tenido en nuestro archipiélago.

La prensa independiente cubana, al hacerse eco de la importante novedad, ha reconocido la trascendencia que esta posee. Este mismo diario 14ymedio, al igual que CubaNet y Diario de Cuba (por solo citar algunos) han informado sobre la reforma constitucional salvadoreña.

No puede decirse lo mismo de la prensa oficialista cubana. Pasados ya varios días, la noticia apenas ha aparecido en los medios digitales que agitan y hacen propaganda a favor del Gobierno castrocomunista. Esa cautela no creo que deba atribuirse a la desidia de las redacciones de los diferentes medios que están al servicio del régimen.

Pienso que las culpas conviene situarlas en un solo sitio: me refiero al tristemente célebre Departamento Ideológico del Comité Central. De conformidad con las reglas escritas (pero no publicadas) que regulan el funcionamiento de ese órgano, a él le corresponde determinar qué se publica y qué no en la prensa oficialista; y, en el primer caso, cómo debe ser enfocada la información, qué tipo de valoración darle.

Y si nos situáramos en el Departamento Ideológico, tendríamos que formularnos otras preguntas: ¿Cómo enfocar la información?

Con un sistema tan inoperante como ese, cualquier omisión de los burócratas del Departamento Ideológico se traducirá, de manera necesaria, en la inacción de los profesionales de la información en sitios como Cubadebate, el Granma o Juventud Rebelde, por solo mencionar los más destacados.

Y si nos situáramos en el Departamento Ideológico, tendríamos que formularnos otras preguntas: ¿Cómo enfocar la información? ¿Elogiar la rapidez mostrada por la Asamblea Legislativa salvadoreña, tan similar a la de la ANPP cubana? ¿Criticar la ausencia de un amplio debate nacional sobre la reforma? (¡cuando en nuestra Isla tampoco lo hubo!). ¿Aprobar o criticar el hecho en sí de la reelección ilimitada? (pues es verdad que la actual versión de la Constitución raulista –que, por supuesto, puede ser reformada en un solo día cuando así lo deciden los jefes– establece un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos, pero también es cierto que el fundador de la dinastía se reeligió todas las veces que su salud se lo permitió…).

Por supuesto que las dudas son razonables. Pero, como reza el dicho popular, ellos mismos se lo buscaron. ¿Quién los manda a servir como portavoces de un régimen antidemocrático y de vocación totalitaria como el castrocomunista?