Aterriza en La Habana un avión con 118 cubanos deportados de EE UU

Miami/El séptimo vuelo de deportación de migrantes cubanos desde Estados Unidos en lo que va de año se ha concretado este jueves. Según confirmó el Ministerio del Interior en su cuenta oficial de X, el avión retornó a la Isla a 118 personas –96 hombres y 22 mujeres– que habían salido del país de manera irregular. Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de "hechos delictivos" antes de abandonar la Isla. Con este operativo, suman ya 27 devoluciones migratorias a Cuba desde diferentes naciones de la región en 2025, con un total de 833 ciudadanos repatriados. 

En los primeros seis meses de 2025, más de 600 cubanos fueron devueltos por vía aérea, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por medios independientes. En vuelos anteriores, como el del 28 de junio, se repatriaron hasta 130 personas en un solo trayecto. Las autoridades cubanas, por su parte, apenas informan escuetamente, en notas breves del Ministerio del Interior o de la Aduana General de la República.

La operación de este jueves se enmarca en una oleada de deportaciones sin precedentes desde que la Administración Trump retomó el poder. Solo en junio, Estados Unidos realizó 209 vuelos de expulsión a distintos países, un récord desde el año 2020, según datos de la organización Witness at the Border. Estos vuelos –coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)– han sido contratados principalmente a la aerolínea Global Crossing Airlines, especializada en transporte de detenidos bajo custodia federal.

Solo en junio, Estados Unidos realizó 209 vuelos de expulsión a distintos países, un récord desde el año 2020

Los cubanos deportados forman parte de una lista en constante crecimiento de personas que, tras haber ingresado a EE UU por la frontera sur, se enfrentan a órdenes de expulsión acelerada o simplemente no han podido regularizar su estatus. En muchos casos, se trata de solicitantes de asilo cuyo proceso fue interrumpido o negado en virtud de nuevas disposiciones ejecutivas. El uso de procedimientos expeditos, conocidos como “removal proceedings”, ha limitado el acceso a representación legal y ha acortado los plazos para apelar las decisiones, dejando a cientos de migrantes desprotegidos.

Uno de los elementos más criticados por activistas y organizaciones de derechos humanos es la opacidad del proceso. ICE no publica listas de pasajeros, no informa con antelación sobre los vuelos y apenas responde a solicitudes de información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). “No sabemos si entre los deportados hay personas con miedo creíble de persecución, ni si se han respetado los protocolos básicos de seguridad y salud”, denunció recientemente Human Rights Watch.

La situación es especialmente grave en el caso cubano. Al tratarse de un país que no garantiza libertades políticas ni civiles, muchos de los repatriados enfrentan represalias, vigilancia y, en algunos casos, detención inmediata tras su llegada. Desde 2023, organizaciones como Cubalex y Prisoners Defenders han documentado decenas de casos de retornados que han sido interrogados, fichados o incluso enviados a centros de reclusión bajo acusaciones vagas como “propagación de epidemias” o “desobediencia”.

En paralelo, el Gobierno cubano ha ido endureciendo el discurso contra la migración irregular. La narrativa oficial insiste en que muchos de los retornados son “delincuentes comunes” o “contraventores del orden público”, aunque rara vez aporta pruebas. Mientras tanto, la población observa con mezcla de temor y escepticismo cómo vuelven compatriotas que vendieron todo para huir y ahora deben reconstruir sus vidas en un país donde apenas hay comida, energía ni libertades mínimas.

La Administración estadounidense continúa justificando los vuelos en nombre de “la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley”

El impacto psicológico de las deportaciones también ha sido subestimado. Varios testimonios recogidos por medios independientes revelan el trauma de quienes son separados de sus familias, devueltos a contextos de persecución o estigmatizados por haber “fallado” en el intento de emigrar. Algunos ni siquiera cuentan con una red de apoyo en la Isla, ya que vendieron propiedades y cortaron vínculos al partir. El regreso no solo significa pérdida material, sino también una carga emocional que, en un entorno tan hostil como el cubano actual, puede traducirse en depresión, desempleo o marginalidad.

A pesar de las críticas, la Administración estadounidense continúa justificando los vuelos en nombre de “la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley”. ICE defiende que sus operaciones priorizan a quienes tienen antecedentes penales o representan una amenaza a la seguridad nacional, aunque los datos muestran que muchos de los deportados no tienen historial criminal. Por su parte, el Gobierno cubano acepta los retornos como parte de los compromisos bilaterales, pero mantiene silencio sobre el seguimiento a los casos individuales.