Contenedores reciclados y corrupción en Vivienda, dos caras de la crisis habitacional en Cuba

La Habana/En Las Tunas, donde la crisis habitacional lleva años anclada como un huésped incómodo, las autoridades han decidido recurrir a una “novedosa” solución: convertir contenedores reciclados en viviendas. Los cajones metálicos son nada menos que los que transportan paneles solares a la Isla, y a los que las autoridades –que aseguran que se inspiran en proyectos similares de todo el mundo– han decidido darles una segunda vida. 

Héctor Rodríguez Espinosa, director provincial de Vivienda, anunció con optimismo que los primeros contenedores serán instalados en los municipios de Manatí, Puerto Padre y Majibacoa. Entre las ventajas que les adjudica están la resistencia, durabilidad y bajo impacto ambiental.

“En estos momentos la provincia dispone de 46, 18 de ellos fueron asignados a la Empresa Eléctrica para la construcción de nueve viviendas para sus trabajadores y 28 para entregar a través de los consejos populares con los delegados, los grupos comunitarios y el gobierno en cada territorio”, dijo el directivo.

En cuanto a las “preocupaciones” frecuentes sobre el material metálico de los contenedores, que podrían convertirlos en casas-horno, aseguró que no hay nada de lo que alarmarse. Todo está pensado: cada vivienda improvisada será recubierta por dentro con “elementos antitérmicos”, que además darán cierta “estética, confort y mejor acabado”.

Tendrán una parcela de 150 metros cuadrados, para que “la familia, si les resulta necesario y posible, más adelante pueda ampliar construyendo otras habitaciones”

Cada unidad contará con entre 32 y 70 metros cuadrados –repartidos entre baño, cocina, comedor y habitaciones, atendiendo al número de residentes– y la “ventilación” está asegurada con puertas y ventanas, resaltó. También tendrán una parcela de 150 metros cuadrados, para que “la familia, si les resulta necesario y posible, más adelante pueda ampliar construyendo otras habitaciones”.

Mientras los tuneros tendrán que adaptarse a vivir en cajas de metal reacondicionadas, algunos funcionarios de la propia Dirección de Vivienda se dedicaban a vaciar otras cajas: las del presupuesto estatal.

En Matanzas, el Tribunal Provincial Popular juzgó el jueves a dos ex funcionarias del sector –una directora y una inversionista– por falsificar documentos y malversar fondos. El juicio, calificado como tantos otros de “ejemplarizante”, se cerró con una condena de cinco años de prisión para la primera y cuatro para la cómplice, con la opción de hacer trabajo correccional sin internamiento.

Según Girón, la ex directora había firmado –saltándose todos los procedimientos– un contrato con un trabajador por cuenta propia para rehabilitar un edificio multifamiliar conocido como el edificio del Transporte, en el reparto de 13 de Marzo. El acuerdo se cerró, aclara el medio, “obviando al Comité de Contratación de la unidad y sin previa licitación” y no figuraban en el documento “el objeto de obra, el responsable de suministro, los representantes del prestador y del cliente, los términos de garantía, el cronograma de ejecución, la relación de personas autorizadas por el prestador y el cliente para suscribir las actas de conformidad y aceptación y los materiales”.

Tampoco hubo obra en el edificio, que presentaba “severos daños estructurales”, pero sí hubo una factura de más de medio millón de pesos

Tampoco hubo obra en el edificio, que según Girón presentaba “severos daños estructurales”, pero sí hubo una factura de más de medio millón de pesos por trabajos que jamás se llevaron a cabo. “No se ejecutó ninguna acción constructiva para devolver los valores originales y funcionales a dicha edificación, como estaba previsto, y el inmueble actualmente continúa en el mismo estado de deterioro, pese a lo cual, [la directiva] dispuso el pago como si la acción constructiva se hubiera ejecutado satisfactoriamente”, zanja el periódico.

La inversionista, por su parte, nunca verificó que la construcción hubiese llegado a término con la calidad deseada ni solicitó el expediente de obra. Aun así certificó todo el proceso.

A ambas se les impuso además una prohibición para ejercer cualquier cargo relacionado con la “administración, cuidado o disponibilidad de recursos materiales y financieros”, y sus familiares –no se aclara si voluntariamente– repusieron los 531.486 pesos con 19 centavos defraudados, por lo que Vivienda no vio afectado su patrimonio.

El juicio, que se hizo de forma pública, es una advertencia más del Gobierno –entre las muchas que ha lanzado en los últimos tiempos– a los funcionarios y directivos de bajo rango de la Isla. No obstante, que un delito tan evidente –dado que el edificio nunca se reparó– fuera pasado por alto hasta el último momento pone en duda la gestión y control de las empresas estatales sobre sus recursos. La justicia actuó, pero como suele ocurrir en estos casos, llegó tarde.