El canciller cubano da lecciones a Estados Unidos sobre el trato a migrantes

Madrid/Caracas/Cuba hizo este sábado un llamado a impedir que las deportaciones por parte de Estados Unidos se conviertan en un "arma de chantaje y presión política" contra las naciones y reafirmó el compromiso del país insular "con una migración regular, segura y ordenada".

Durante el XXV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez, expresó que el "uso políticamente motivado de las deportaciones masivas, violentas y racistas de migrantes por parte de Estados Unidos constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos".

El canciller afirmó también que el empleo de la base naval de Guantánamo que "usurpa Estados Unidos para encarcelar a migrantes es un acto brutal e ilegal que amenaza a la seguridad y la paz de Cuba y de la región".

El funcionario cubano señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien llamó "corrupto, anodino y chantajista"

Así mismo, Rodríguez señaló que el "secuestro sin jurisdicción ni debido proceso, sin juicio, defensa ni sanción de tribunal competente y envío a terceros países por parte de Estados Unidos de migrantes venezolanos y de cualquier ciudadanía es un acto atroz y constituye un trato cruel, inhumano y degradante".

El diplomático hizo así referencia a la reciente deportación de más de 200 migrantes a El Salvador por parte de EE UU, que los acusa de presuntamente pertenecer a la organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, aunque la Casa Blanca no ha hecho públicas las identidades de estas personas, ni las pruebas sobre su supuesta asociación con ese u otro grupo delincuencial.

El funcionario cubano señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien llamó "corrupto, anodino y chantajista", como el "principal responsable y promotor de la persecución e intento de deportación masiva de los cubanos residentes o temporales" en la nación norteamericana, incluidos "muchos que entraron de forma regular a ese país, que trabajan y pagan impuestos".

En ese sentido, Rodríguez reiteró que la "motivación principal de la migración cubana es económica" y "a causa del genocida bloqueo estadounidense".

En nombre del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, el canciller expresó "la disposición a mantener el diálogo" con la Administración de Donald Trump en "asuntos migratorios y de aplicación de la ley, que incluye la cooperación en la prevención y persecución" de la "trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes", así como del "terrorismo y el narcotráfico".

El magistrado expresó "serias preocupaciones" sobre violaciones del debido proceso

El pasado jueves, un grupo de 60 migrantes cubanos irregulares llegó a La Habana procedente de EE UU, en la tercera operación de deportados realizada desde que el presidente Trump inició su segundo mandato presidencial el pasado 20 de enero. Esta devolución –de 55 hombres y cinco mujeres– se produjo "como parte de los acuerdos migratorios bilaterales" entre los gobiernos de La Habana y Washington, refirieron medios oficiales.

Por otra parte, un juez federal estadounidense frenó el viernes la deportación de migrantes a terceros países con los que no tienen conexión previa sin darles la oportunidad de defenderse en los tribunales, informó el Nuevo Herald.

El fallo del juez, emitido el viernes, "impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deporte a personas sujetas a órdenes de expulsión definitivas a terceros países —no designados en sus procedimientos de inmigración originales— a menos que se les notifique por escrito y se les dé la oportunidad de solicitar protección legal". El magistrado expresó "serias preocupaciones" sobre violaciones del debido proceso y posibles violaciones del derecho internacional establecidas en la Convención contra la Tortura.

Esta restricción estará en vigor hasta el 10 de abril, cuando una audiencia determinará si se impone una orden judicial a largo plazo. El Departamento de Justicia reaccionó enseguida, presentando una apelación y esgrimiendo que la sentencia socava "la autoridad ejecutiva sobre la aplicación de la ley de inmigración".