La ONU pide al Gobierno cubano que respete las normas internacionales para el trato a las presas

Madrid/El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) emitió este martes sus observaciones sobre Cuba, tras recibir los informes tanto del Estado como de organzaciones no gubernamentales entre el 15 y el 18 de octubre pasados. El texto, difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en sus redes, incluye su “preocupación” al observar la situación de las mujeres detenidas en la Isla.

Al respecto, toma en consideración los informes que constatan que las mujeres presas por “expresar opiniones disidentes” se enfrentan a “violaciones de las garantías procesales y de un juicio justo, a penas severas, malos tratos físicos, violencia psicológica, incluido el uso arbitrario de celdas de castigo en condiciones deficientes y durante períodos excesivos”. De igual manera, observa otros malos tratos, como que se les nieguen las visitas de sus familiares o que algunas mujeres trans deban compartir celdas con detenidos varones.

Por ello, el Cedaw recomienda al Estado que se atenga a las Reglas de Bangkok, aprobadas por Naciones Unidas para el trato de las reclusas mujeres, y las Reglas Nelson Mandela, las mínimas que hay que tomar para el trato de los reclusos en general. De igual manera, destaca que el Gobierno cubano debe velar por el acceso de las presas a visitas periódicas de sus familiares, “en particular de las madres detenidas”, y derogar el uso del régimen de aislamiento como medida punitiva.

El Cedaw recomienda al Estado que se atenga a las Reglas de Bangkok, aprobadas por Naciones Unidas para el trato de las reclusas mujeres, y las Reglas Nelson Mandela

El Comité concede al Gobierno cubano “los avances logrados desde el examen en 2013” sobre el mismo tema –entre ellos, la Constitución de 2019, por incluir la obligación del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear mecanismos institucionales y jurídicos para lograrlo, o el Código de las Familias de 2022, por promover la igualdad de mujeres y hombres en las relaciones familiares. Además, expone el” impacto socioeconómico” del embargo impuesto a la Isla por Estados Unidos, así como otras sanciones, que, a juicio de la ONU, “han exacerbado el deterioro de la economía nacional”.

“El Estado parte sufre actualmente escasez de alimentos, medicamentos, suministros médicos, combustible y materiales de construcción y tiene acceso intermitente a la electricidad, lo que afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Esto también ha dado lugar a una migración en gran escala de más de un millón de personas de entre 15 y 59 años. El Comité observa que la situación se ha visto agravada por los apagones prolongados que han limitado aún más el acceso a la atención sanitaria, la educación, la alimentación, la higiene, el transporte y otros servicios básicos de las mujeres, las niñas y la población en general”, detalla. Junto a ello, el Comité asevera que le preocupan las “respuestas extremas del Estado parte a las personas que participan en las protestas callejeras en relación con estas circunstancias y las represalias y detenciones resultantes, especialmente después de las protestas de 2019”.

Las mujeres, indica el organismo, “son poco conscientes de sus derechos humanos en virtud de la Convención y de los recursos disponibles para reclamarlos, en particular entre las mujeres rurales, las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres de ascendencia africana y las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”. Por ello, recomienda al Gobierno que “intensifique sus esfuerzos para difundir ampliamente y crear conciencia sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité”.

Recomienda al Gobierno que “intensifique sus esfuerzos para difundir ampliamente y crear conciencia sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité”

Otra de las observaciones expresadas en el documento es que la Federación de Mujeres Cubanas “funciona como una organización de masas en lugar de como una institución gubernamental, lo que limita su eficacia en la promoción del disfrute de los derechos de la mujer y la igualdad de género”. Por eso, el Comité recomienda que la Isla establezca una “institución nacional independiente de derechos humanos”.

Sobre la violencia de género contra la mujer, el Cedaw pide al Gobierno incorporar el delito de “feminicidio” en el Código Penal, para “crear conciencia y reconocimiento público”, “fortalecer las medidas para prevenir, enjuiciar y castigar a los autores de casos de violencia de género contra la mujer”, y establecer centros de acogida en todo el Estado, “incluso en colaboración con organizaciones de la sociedad civil”.

La ONU pondera “con satisfacción” la representación de las mujeres en el Parlamento (más de la mitad, con 55,7%), pero “observa con preocupación” las pocas que hay al más alto nivel. El Buró Político, recuerda el organismo, está integrado actualmente por 17 hombres y solo 3 mujeres y solo 5 de los 25 ministerios del Poder Popular están dirigidos por féminas.

“El gasto público en atención primaria de la salud y medicamentos y el porcentaje del presupuesto nacional asignado a la salud han disminuido”

La cobertura de la salud en la Isla,  pública y gratuita, también es encomiada por el Comité. Sin embargo, recoge que las mujeres y niñas tienen acceso limitado a los “anticonceptivos modernos” y que hay “altas tasas de embarazo precoz”. De igual manera, observa la escasez de medicamentos esenciales, que obligan a las mujeres a adquirirlos a precios muy altos en el mercado informal o a quedarse sin ellos. “El gasto público en atención primaria de la salud y medicamentos y el porcentaje del presupuesto nacional asignado a la salud han disminuido”, hace constar el Cedaw.

La delegación de la Isla, encabezada por la vice primera ministra Inés María Chapman, había presentado su informe ante el Comité el pasado 18 de octubre, tres días después de los documentos brindados por las ONG independientes.

El texto oficial, de 38 páginas, mencionaba “la voluntad política del Gobierno cubano para el adelanto de las mujeres”, así como los “innegables avances” en la Isla en cuanto a la protección de sus derechos. También aseguraba que “existe protección efectiva, aunque no haya una ley específica sobre violencia contra la mujer”. Sin embargo, no mencionaba el término feminicidio o femicidio en todo el documento y no aportaba cifras de violencia machista, pese a que reconocía 61 condenas por este tipo de crimen en 2023.

Por su parte, el reporte paralelo para esta comisión realizado en conjunto por el Observatorio de Género de la plataforma independiente Alas Tensas (AT) y la ONG Prisoners Defenders y presentado el 15 de octubre justamente criticó “la falta de voluntad política” para enfrentar el problema.