El Gobierno cubano promete dólares a los guajiros, pero se queda con el control de las exportaciones

La Habana/El Gobierno cubano busca que los pocos productos agropecuarios aún rentables en el país se conviertan en canales para adquirir divisas. Para ello, durante el XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) que inició este viernes, propuso financiar con dólares los sectores más lucrativos pero con varias condiciones: serán las empresas estatales exportadoras las que gestionarán el dinero y a los guajiros se les pagará en sus cuentas bancarias.

Aunque la prensa no ha inventariado los productos que estarán beneficiados ni el precio que se pagará por cada uno, un artículo publicado en Granma recoge algunos ejemplos mencionados durante la reunión: el carbón vegetal, fundamentalmente de marabú y que se exporta a Europa, es uno de los que serán incluidos en los nuevos “esquemas de financiamiento”, además de la miel, el café y el cacao. Estos dos últimos renglones necesitan un estímulo urgente pues ha habido un importante “deterioro en las plantaciones”.

Según explicó Roberto Pérez, viceministro de Economía y Planificación, son 22 las empresas exportadoras que manejarán los dólares. En el caso del carbón, estas entidades estatales se quedarán con el 70% de los ingresos –no se aclara adónde irá el 30%– y lo repartirán de la manera siguiente: un “54% se acredita al productor [...] y el 30% se retiene en la Caja Central, para financiar gastos sociales”. Esta última partida se paga en pesos. Aunque no lo precisó el funcionario, las exportadores se quedan con el 16% del 70% de los ingresos. 

El esquema se repite en otros productos como la miel: “Se comportará de la misma forma con las entidades de ApiCuba, Cítricos Caribe y Cubaexport, y el productor recibirá 650 dólares por tonelada, en una cuenta en divisas”. 

Que los dólares se entreguen a los campesinos en cuentas bancarias solo complica más la vida a los productores

Que los dólares se entreguen a los campesinos en cuentas bancarias, en un país en el que resulta extremadamente complejo retirar cualquier moneda del banco por la falta de liquidez y la crisis energética, solo complica más la vida a los productores, que deben pagar a los jornaleros, proveedores y reinvertir en sus cosechas generalmente en efectivo.

La bancarización, que se ha convertido en la excusa del Gobierno para succionar las divisas que entran al país mientras obliga a sus empresas y productores a usar canales virtuales, ha sido precisamente uno de los temas que creó polémica en la reunión. “Esta es un área de silencio. No puede ser una camisa de fuerza hacer cada trámite por esa vía ni el pago de los obreros directos al surco. Lo de los guajiros es producir, sembrar, cosechar. Las nuevas tecnologías en aras de ayudar no pueden ser un obstáculo en la comercialización”, proponía uno de los presentes en el congreso.

La queja tampoco es reciente. Desde al menos el inicio de la Tarea Ordenamiento, en enero de 2021, los guajiros se han quejado de la imposición de métodos de pago que lastran su trabajo. Muchos de ellos, ancianos y residentes en zonas rurales, viven un calvario cada vez que un trabajador o proveedor les exige un salario en efectivo y en sus comunidades ni siquiera hay cajeros automáticos. Por si fuera poco, el historial de impagos y retrasos de Acopio, a quien están subordinados, tampoco les ofrece seguridad en que recibirán los abonos en tiempo.

A los sectores citados se sumarán ahora los menos favorecidos del maíz, el frijol, la soja y el arroz. De la venta de este último, añadieron los dirigentes, “el productor recibirá el 55% del precio de venta en divisas, que incluye los costos de los plaguicidas, fertilizantes y lubricantes. A su vez, el grupo agrícola retendrá el 45% del precio de venta en divisas, y de ellos destinará al Instituto de Investigación el 5% restante”.

Del resto, la comercializadora se quedará con el 37% para “cubrir los gastos logísticos”. Y la Caja Central pagará el maíz a 330 dólares la tonelada, el frijol a 800 y la soja a 425. Fuera del trato queda el tabaco, una producción por la que el Gobierno recibe ganancias, pero que en la práctica no controla por compartir su gestión con España. 

Otra de las medidas tomadas durante el congreso fue reconocer como entidades productoras las empresas estatales; unidades empresariales de base; cooperativas de producción agropecuaria, y de créditos y servicios; unidades básicas de producción cooperativa y a los propios “productores agropecuarios individuales”.

Los dirigentes no aclararon el porqué de esta medida, pero presumiblemente tiene que ver con la Resolución 56, aprobada el pasado diciembre

Los dirigentes no aclararon el porqué de esta medida, pero presumiblemente tiene que ver con la Resolución 56, aprobada el pasado diciembre, que restringe la posibilidad de dedicarse al comercio mayorista a “los que tienen aprobada la producción como actividad principal”. Eso sí, siempre que se tratara de “solo sus producciones” y “previa obtención de la licencia comercial, donde se especifica esta actividad”. No podrían, al igual que otros privados, comercializar otros productos “nacionales o importados” y deberán tener de intermediarios a una empresa estatal.

Este mayo, después de una primera extensión de seis meses, el Gobierno volvió a aplazar sin fecha definida el límite de tiempo que había dado a las pymes y negocios no autorizados de venta mayorista para deshacerse de su mercancía. Aunque no aclaró las causas para el plazo sine die, la incomodidad de muchos empresarios con la medida podría estar a la cabeza de la lista de razones.