El ex presidente colombiano Álvaro Uribe es condenado por corrupción

Colombia

La histórica decisión judicial sacude a la élite política y desata una tormenta entre jueces y partidos

Álvaro Uribe Vélez fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Álvaro Uribe Vélez fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. / EFE
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02 de agosto 2025 - 09:44

Bogotá/El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en una sentencia histórica que lo convierte en el primer ex mandatario del país en recibir una pena de este tipo. La decisión judicial ha provocado una fuerte polarización en Colombia, con reacciones encendidas desde todos los sectores políticos, denuncias de persecución y serias advertencias sobre el respeto al debido proceso.

La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, leyó el pasado viernes una sentencia de 1.114 páginas en la que impone, además de la pena de prisión domiciliaria, una multa superior a los 822.000 dólares y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos. La condena se impone por dos delitos cometidos por Uribe durante el proceso judicial que inicialmente abrió contra el senador Iván Cepeda, a quien denunció en 2012 por presunta manipulación de testigos.

La sentencia, para muchos, representa el llamado “juicio del siglo” en Colombia

El caso dio un giro inesperado cuando la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó las acusaciones, sino que encontró indicios de que habría sido el propio Uribe quien intentó sobornar a testigos para perjudicar a Cepeda. El resultado, más de una década después, ha desembocado en una sentencia que para muchos representa el llamado “juicio del siglo” en Colombia.

A la salida de la audiencia, el senador Iván Cepeda, hoy reconocido como víctima en el proceso, no dudó en señalar que Uribe ha emprendido una campaña de persecución y desprestigio contra el sistema judicial colombiano. “El hoy condenado ha desatado la más feroz persecución contra el poder judicial cada vez que alguien ha osado pedir que se esclarezcan sus numerosas actuaciones criminales”, declaró.

Cepeda responsabilizó a los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, de propagar mensajes “cargados de odio y violencia”

Cepeda acusó al ex presidente de intentar intervenir la Justicia con presiones políticas, declaraciones públicas agresivas y hasta contactos internacionales. También responsabilizó a los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, de propagar mensajes “cargados de odio y violencia”, y denunció a miembros del Centro Democrático por usar calificativos como “plaga” para referirse a jueces y opositores.

En la misma línea se pronunció la senadora María José Pizarro, quien consideró que Uribe tuvo “todas las garantías a lo largo del proceso” y que la sentencia abre el camino para que el expresidente responda por otras acusaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Pero no todos consideran que el proceso se haya llevado con la transparencia que celebran los sectores progresistas. El Colegio Colombiano de Juristas expresó su “profunda preocupación” por lo que considera vulneraciones al debido proceso y a derechos fundamentales durante el juicio.

"El secreto profesional no es un privilegio, sino una garantía esencial del derecho a la defensa libre e independiente”

En un comunicado oficial, el Colegio advirtió sobre la posible violación al secreto profesional entre abogado y cliente, la imparcialidad judicial, la proporcionalidad de la pena impuesta y la publicidad del proceso. “El secreto profesional no es un privilegio, sino una garantía esencial del derecho a la defensa libre e independiente”, señalaron.

La Procuraduría, por su parte, también manifestó que la interceptación de comunicaciones confidenciales entre Uribe y su defensa podría haber transgredido principios constitucionales. Además, el Colegio cuestionó la extensión del fallo –más de mil páginas– por dificultar el ejercicio efectivo de los recursos legales, una crítica que la defensa de Uribe utilizó para solicitar más tiempo para la apelación. La jueza Heredia concedió una prórroga hasta el 13 de agosto para presentar el recurso.

Durante la lectura de la sentencia, el ex presidente protagonizó un momento tenso al interrumpir a la jueza Heredia cuando esta aludió a sus hijos. “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mi familia. No le acepto que se meta con mis hijos”, exclamó. La jueza respondió ordenándole que guardara silencio y subrayó que sus comentarios no eran personales, sino parte de los antecedentes del caso.

Centro Democrático, partido fundado por Uribe, convocó a una marcha nacional para el próximo 7 de agosto, en rechazo a la sentencia

Mientras tanto, el Centro Democrático, partido fundado por Uribe, convocó a una marcha nacional para el próximo 7 de agosto, en rechazo a la sentencia. “Los colombianos y el mundo deben saber que hoy se condena a un hombre inocente”, aseguró Gabriel Jaime Vallejo, director del partido. Las movilizaciones coincidirán con las conmemoraciones del Día de la Independencia, en un momento particularmente sensible para la democracia colombiana.

En contraste, sectores de izquierda, incluyendo representantes del Pacto Histórico, celebraron el fallo como un mensaje claro de que “nadie está por encima de la ley”. El congresista Eduard Sarmiento fue uno de los más duros, afirmando que Uribe “pasa de presidente a presidiario”.

El fallo marca un hito en la historia institucional de Colombia

Con esta condena, Uribe no solo se convierte en el primer ex presidente colombiano en recibir una sentencia penal, sino que el proceso judicial sienta un precedente para la rendición de cuentas de las élites políticas del país. Aunque la defensa ya anunció la apelación, y el debate legal apenas entra en una nueva fase, el fallo marca un hito en la historia institucional de Colombia.

Queda por verse si la segunda instancia ratificará o revertirá el veredicto. Por ahora, el país asiste a una aguda confrontación entre la legitimidad del poder judicial y la fuerza de una figura política todavía influyente, en un escenario donde las garantías procesales, la independencia de los jueces y el respeto al Estado de derecho están en juego.

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