El Gobierno de Trump pide al Supremo anular la Protección Temporal para migrantes venezolanos

Washington/El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiéndole que le permita acabar con un programa migratorio que concede un estatus legal en el país a más de medio millón de venezolanos. En concreto, los abogados del Ejecutivo solicitan al Supremo que anule una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de este país suramericano.

En el documento legal, la Administración argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del "interés nacional" de EE UU y que el poder Judicial no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria "urgentes".

El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que da un estatus migratorio a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. Poco después de asumir el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como "desgraciados" y criminales.

A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un "daño irreparable" a los miles de migrantes que se han acogido al programa y sus familias.

Bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentado que el país está pasando por una "emergencia humanitaria" causada por una crisis política y económica. La decisión fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo el entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.

Durante años, y especialmente en el primer mandato del republicano (2017-2021), los políticos conservadores en EE UU abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se le extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la mayor diáspora del continente.

El giro del Gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE UU vinculándolos con la banda criminal Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE UU.

Seguridad Nacional defendió el jueves un allanamiento encabezado por sus agentes migratorios a una vivienda en el estado de Oklahoma

Seguridad Nacional defendió el jueves un allanamiento encabezado por sus agentes migratorios a una vivienda en el estado de Oklahoma, vinculada a una investigación de traficantes de indocumentados, donde recientemente se había mudado una ciudadana estadounidense con sus tres hijos. El operativo, ejecutado el pasado 24 de abril en una residencia de Oklahoma City por unas dos decenas de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), originó críticas de la madre estadounidense y la comunidad porque la orden de cateo no estaba dirigida a ninguno de los actuales ocupantes de la casa.

La mujer dijo a la televisora KFOR que está "traumatizada" por el allanamiento realizado a pesar que les dijo en repetidas ocasiones a los agentes migratorios que ella y sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Los oficiales se llevaron sus teléfonos, computadoras portátiles y todos sus ahorros en efectivo como evidencia.

El DHS aclaró que la ejecución de la orden de allanamiento se centró en una propiedad involucrada con una organización de tráfico de inmigrantes indocumentados de Guatemala, México, Colombia, Centroamérica y China hacia el interior de Estados Unidos. “El operativo del ICE en Oklahoma del 24 de abril fue una acción legal, autorizada por un tribunal, dirigida explícitamente a una propiedad que era un centro de tráfico de inmigrantes, no a personas específicas”, dijo en un comunicado un alto funcionario del DHS.

Agregó que la orden se basó en una investigación que vincula a la vivienda como un escondite para el tráfico de personas de la organización Lima López, por lo que los agentes estaban autorizados a incautar pruebas, como dispositivos electrónicos y documentos. “Este registro, autorizado por el tribunal, fue un golpe crucial contra una peligrosa red de tráfico de personas, en cumplimiento de nuestra misión de proteger a las comunidades estadounidenses”, insistió el funcionario. La investigación aún sigue en curso y no se ha descartado la participación de los actuales ocupantes en la red de tráfico de personas, explicó el DHS.

La acusación, citada por la televisora KOCO 5, relaciona a la guatemalteca Cidia Marleny Lima López, dueña de la vivienda, como objetivo de una investigación de cuatro años. La familia que tomó en arriendo la casa se mudó recientemente a Oklahoma desde Maryland.