Un juez ordena al Gobierno de Trump restablecer los servicios de Voice of America
EE UU
La sentencia estima que la decisión de cerrar ese medio fue “arbitraria y caprichosa”, además de violar probablemente la Constitución
Madrid / Washington/Menos de un mes después de bloquear temporalmente la decisión del presidente Donald Trump de cerrar Voice of America (VOA), un tribunal estadounidense ha dado un paso más este martes al ordenar la restauración de los servicios del medio de comunicación financiado por el Gobierno. Además, la decisión incluye restablecer las subvenciones previstas para el presente año fiscal y que se tomen "todas las medidas necesarias para que los empleados y contratistas recuperen su estatus anterior".
En un fallo de 37 páginas, el juez Royce Lamberth, del Distrito de Columbia., determinó que la decisión del Gobierno de desmantelar la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (Usagm), que controla la VOA y otros medios, fue “arbitraria y caprichosa”, además de violar probablemente la Constitución.
La sentencia menciona a la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), que es parte también de la Usagm, cuyos empleados federales volvieron al trabajo el pasado 26 de marzo. El fallo explica que este es el único medio que ha retomado las emisiones, pero que sus limitados medios impiden cumplir su misión de informar de manera adecuada a su públic.
El juez cita también a las cadenas afiliadas Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks, cuyo financiamiento debe quedar igualmente reestablecido.
“La renuencia del Gobierno a gastar fondos de acuerdo con las leyes de asignaciones del Congreso constituye una afrenta directa al poder legislativo”, indicó el magistrado.
“La renuencia del Gobierno a gastar fondos de acuerdo con las leyes de asignaciones del Congreso constituye una afrenta directa al poder legislativo”
El Ejecutivo estadounidense deberá reincorporar de inmediato a sus 1.300 empleados fijos y a sus 500 contratistas. Además, su programación debe ser restablecida, al igual que todos los medios de Usagm para que sus periodistas puedan “ofrecer noticias confiables, fidedignas, precisas, objetivas y completas”, señala la orden del juez.
El pasado 14 de marzo, Kari Lake, asesora principal de la Usagm,dijo en un comunicado que la agencia era “una enorme ruina” y “carga para el contribuyente”, además de poner en riesgo la seguridad nacional. La funcionaria acusó a la agencia, sin aportar datos, de albergar espías y terroristas, de propagar “noticias falsas” o de coordinarse con “grupos activistas externos y organizaciones de defensa de la izquierda radical” para impedir la intervención de Trump y una “rendición de cuentas”. Además, consideró excesivos algunos gastos que sí detalló.
La agencia tenía un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, contaba con 1.300 empleados y 500 contratistas; y emitía en 49 idiomas. Su audiencia semanal superaba los más de 361 millones de personas, de acuerdo con The New York Times.
Trump firmó en marzo la orden ejecutiva para suspender las operaciones y poner a los empleados en licencia administrativa mientras se tomaban medidas para la reestructuración. Los trabajadores quedaron en esa situación el sábado 15 de marzo y se les advirtió de que el 31 de marzo estarían despedidos formalmente. Mientras, a los contratistas se les impidió desde el 16 de marzo entrar siquiera en las instalaciones.
El 26 de marzo, por decisión de la propia Administración y sin intervención judicial, unos 50 empleados federales de Radio TV Martí y de la web de noticias recibieron la orden de volver a sus puestos de trabajo y parte de sus programas volvieron al aire, aunque los medios eran tan limitados que se temía por su supervivencia. El medio intentaba adaptarse a las reducciones solicitadas por Trump para salvarse, como alegó la Administración en su defensa ante el juez Lamberth, que maneja varios casos de demandas vinculadas a los cierres y despidos en Usagm.
“El presidente no tiene autoridad unilateral para negarse a gastar los fondos”, señala. Y añade: "El Congreso es el que tiene el poder de controlar los gastos"
En su fallo de este martes, el magistrado alega que, al intentar restringir la actividad de los medios, en parte a través de recortes de financiación y despidos, la Administración de Trump probablemente violó la Constitución y las leyes que rigen el gasto de los fondos federales.
“El presidente no tiene autoridad unilateral para negarse a gastar los fondos”, señala. Y añade: "El Congreso es el que tiene el poder de controlar los gastos".
Lamberth sostiene, además, que el desmantelamiento de Usagm viola la propia orden ejecutiva de Trump. “Tomaron medidas inmediatas y drásticas para recortar drásticamente… sin considerar sus funciones legales o constitucionales, tal como lo exige el lenguaje claro de la orden ejecutiva, y sin considerar el daño infligido a empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios de comunicación de todo el mundo”, subraya el fallo.