Estrechan la vigilancia sobre los migrantes que recibieron el formulario I-220A al entrar a EE UU

La Habana/El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha recrudecido el uso del Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia (ISAP) –un mecanismo de control migratorio– a quienes han recibido el formulario I-220A a su llegada al país. La medida, que lleva dos décadas en marcha, busca mantener una vigilancia estricta sobre este grupo mientras se resuelve su petición de asilo y es una alternativa a la detención.

Según el medio CaféFuerte, esta semana los migrantes con I-220A fueron informados de que estarán sometidos a un proceso riguroso de verificación mientras dura su trámite migratorio. Tras asistir a una cita de control con el ICE, algunos incluso han sido “retenidos” temporalmente y luego liberados. Fue el caso de Laura de la Caridad González Sánchez, detenida el lunes en la oficina del organismo en Miramar, Miami. Poco después fue liberada, pero su arresto impulsó una manifestación de cubanos con el mismo formulario, junto a la oficina del abogado de la joven. Más de un centenar de beneficiarios del I-220A fueron procesados en los últimos días días recientes en esas oficinas, indica la nota.

El ISAP permite a quienes han solicitado asilo o han sido detenidos por el ICE esperar una audiencia judicial en libertad, siempre que cumplan con el régimen de vigilancia establecido por el Control de Aduanas. El programa puede exigir el uso de tobilleras o aplicaciones que permitan a las autoridades conocer en todo momento la ubicación del migrante e incluso monitorear, a través de llamadas periódicas, su situación.

El formulario I-220A es una “orden de libertad provisional” bajo palabra que ofrece el Gobierno a personas que fueron detenidas al entrar de manera ilegal

En el caso de los I-220A que han sido notificados sobre la medida, CaféFuerte asegura que el sistema de vigilancia incluye el uso de una aplicación con un calendario de citas en horarios fijos, una vez por semana, durante las que pueden ser contactados por las autoridades por teléfono o incluso videollamada. Otros, según pudo averiguar, fueron informados de que las verificaciones podrían incluir visitas a la residencia del migrante.

El formulario I-220A es una “orden de libertad provisional” bajo palabra –un permiso condicional–, que ofrece el Gobierno de Estados Unidos a personas que fueron detenidas al entrar de manera ilegal en el país. Requiere de los implicados la obligación de asistir a audiencias en una corte de inmigración y cumplir con una serie de normas mientras se resuelve su situación migratoria.

Sin embargo, el proceso puede ser largo y no garantiza que los implicados tengan un fallo favorable. Esto, junto a la serie de medidas radicales contra el flujo migratorio de la Administración de Donald Trump, mantiene a muchos indocumentados en la incertidumbre de si serán arrestados o deportados. 

A ello se suma el anuncio este viernes por parte del presidente de que invocará una antigua ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, que le permitiría deportar a migrantes sin necesidad de una audiencia. 

El mandatario ya había mencionado esa medida durante su campaña electoral y lo hizo de nuevo en su discurso de posesión el 20 de enero: “Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ordenaré a nuestro Gobierno que utilice el pleno e inmenso poder de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense”.

La Ley de Enemigos Extranjeros no ha sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés.

La Ley de Enemigos Extranjeros no ha sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés

A inicios de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) anunciaron también la implementación –previa evaluación de 60 días a partir de este 5 de marzo– de una regulación que obligará a los migrantes que soliciten desde visados hasta privilegios otorgados ya en territorio nacional, a entregar a las autoridades información de sus redes sociales. 

Según explicaron entonces, se verán afectados los migrantes que soliciten el formulario de Naturalización en EE UU, conocido como N-400 (unas 909.700 personas, calculan), y el formulario de Registro de Residencia Permanente I-485 (1.060.585 personas), dos de los beneficios más solicitados por cubanos, especialmente este último, imprescindible para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Según argumentaron ambas instituciones –que abrieron la propuesta a un debate que durará dos meses–, Uscis “identificó la necesidad de recopilar identificadores de redes sociales”, como perfiles de usuario y otros elementos similares, con vistas a verificar la identidad de los solicitantes y si representan un peligro potencial para EE UU. 

Otras medidas tomadas por la Casa Blanca tras la llegada del republicano, y que afectaron de manera particular a los cubanos, fueron la suspensión de la aplicación CBP One –con la que se solicitaba, desde México, citas de asilo– y el parole humanitario, que benefició a miles de ciudadanos en la Isla.

En el caso de la primera, esta semana Seguridad Nacional anunció el lanzamiento de la CBP Home, para que los inmigrantes irregulares notifiquen sus planes para abandonar el país con la promesa de permitir en el futuro el regreso por vías regladas. 

“La autodeportación es la opción más segura para los inmigrantes indocumentados”, afirmó el lunes el DHS. “No solo es más segura, sino que también ahorra dinero a los contribuyentes estadounidenses y permite que los valiosos recursos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se centren en inmigrantes criminales peligrosos”, añadió.