AI denuncia malos tratos a los presos políticos en Cuba, incluyendo la desatención médica

Bruselas/Mayores restricciones a la libertad de expresión, posibles torturas en prisiones y reiteradas tácticas represivas contra periodistas y activistas son algunas de las violaciones de derechos humanos que subraya el informe anual de Amnistía Internacional (AI), publicado este lunes, en su apartado sobre Cuba.

El documento recoge además el progresivo deterioro de las condiciones socio-económicas en la Isla en 2024, en una profunda crisis económica y energética desde hace más de cinco años, con desabastecimiento de alimentos básicos, medicinas y combustible, además de prolongados apagones diarios.

"Hubo patrones alarmantes de violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas por disentir con el Gobierno, incluyendo algunas prácticas que podrían considerarse tortura", enfatiza AI.

La ONG, con sede en Londres, recoge casos de "acoso y maltrato" a presos por motivos políticos por parte del personal de cárceles, "incluida la denegación de una atención medica adecuada, lo que resultó en el deterioro de su salud". En este último apartado cita los ejemplos de los activistas Loreto Hernández, Pedro Albert y José Daniel Ferrer.

El texto señala el uso "persistente" de "tácticas represivas contra el disenso" que incluyen la criminalización y el acoso, pero que llegan al "exilio forzado" a activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y familiares de presos"

El texto señala el uso "persistente" de "tácticas represivas contra el disenso" que incluyen la criminalización y el acoso, pero que llegan al "exilio forzado" a activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y familiares de presos", hasta alcanzar niveles "alarmantes".

En este punto, AI cita el caso del periodista independiente Yuri Valle Roca, en prisión desde 2021 por una condena de cinco años por un delito de propaganda enemiga continuada y su estado de salud se había deteriorado notablemente. El año pasado, Valle Roca marchó al exilio a Estados Unidos.

La entrada en vigor en octubre pasado de la Ley de Comunicación Social "restringió aún más la libertad de expresión", señala el informe, que critica que las autoridades tachen a activistas y periodistas de "criminales comunes, mercenarios y agentes extranjeros" y a medios independientes e influencers críticos como "terroristas".

Al menos 20 periodistas y activistas sufrieron la confiscación de sus equipos y fueron amenazados con cargos penales, según AI, que recoge también casos de "detención arbitraria", como los de la académica crítica Alina Bárbara López y la opositora Berta Soler.

El derecho de reunión también se vio severamente limitado en Cuba en 2024, donde diversas ONG registraron al menos 109 detenciones por participar en protestas, algunos de ellos en La Habana tras los apagones continuados que siguieron al paso del huracán Rafael en noviembre.

El informe también recuerda las sentencias dictadas el año pasado por las protestas de Nuevitas de agosto de 2022, entre las que destaca la de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de cárcel por transmitir en directo aquella manifestación en redes sociales.

Estas violaciones de derechos políticos se producen en un contexto de creciente deterioro de los derechos sociales y económicos, indica AI, que señala la "reducción de los servicios sociales" (de la cantidad de alimentos subvencionados a la "limitación severa" de servicios médicos) a personas vulnerables, especialmente los mayores.

El informe habla de las "largas colas" para conseguir alimentos básicos y de un "déficit significativo" de medicamentos. También destaca el acceso "restringido" a electricidad y combustible, lo que afecta a la vida en general, de la conservación de alimentos a la suspensión de los servicios educativos y sanitarios.

También destaca el acceso "restringido" a electricidad y combustible, lo que afecta a la vida en general, de la conservación de alimentos a la suspensión de los servicios educativos y sanitarios

AI lamenta en este ámbito las reformas legales que han limitado el crecimiento del sector privado en la Isla, lo que considera que redunda en el restringido acceso general a bienes y servicios.

El panorama no es mucho mejor en el resto de la región, especialmente en Haití, Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, El Salvador y Argentina, que enfrentaron contextos de represión, violencia estructural, colapso institucional y vulneración masiva de derechos, en particular hacia poblaciones históricamente marginadas.

AI concluyó que América Latina está atravesando una regresión peligrosa en derechos humanos. “La represión del disenso, la criminalización de la protesta, la impunidad por crímenes graves y la desprotección de las poblaciones más vulnerables son síntomas de una tendencia autoritaria preocupante”, alerta el informe.

De Haití destaca susituación de violencia endémica, desplazamientos forzados, secuestros masivos y una grave crisis alimentaria. Se declaró una hambruna en varias zonas del país y más del 50% de la población enfrentó inseguridad alimentaria severa, ante una insuficiente respuesta internacional.

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantuvo una estrategia de represión sistemática contra toda forma de disidencia. Activistas, periodistas y líderes opositores fueron arrestados sin debido proceso, denunció Amnistía Internacional en su informe, que recoge la existencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, así como el exilio forzado de centenares de nicaragüenses por temor a represalias.

En Venezuela, Maduro empleó detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para acallar a la oposición política y social. En 2024 se mantuvieron las restricciones a la libertad de prensa y el sistema judicial siguió operando sin independencia. Además, la crisis humanitaria se agudizó, provocando la salida de millones de personas del país, agregó.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para defensores de derechos humanos y periodistas, con ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, desapariciones forzadas y colusión de autoridades con el crimen organizado. La violencia de género continuó en aumento: cada día, diez mujeres fueron asesinadas, la mayoría sin que los casos se investigaran adecuadamente.

La violencia de género continuó en aumento: cada día, diez mujeres fueron asesinadas, la mayoría sin que los casos se investigaran adecuadamente

En Colombia, la reactivación de grupos armados ilegales y la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz generaron un clima de violencia persistente, indica el informe. Amnistía Internacional reportó más de 200 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en 2024, especialmente en zonas rurales, así como el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento interno, que aumentaron.

Desde que se impuso el régimen de excepción en 2022, El Salvador ha vivido una regresión acelerada de sus derechos civiles. En 2024, las autoridades detuvieron a más de 75.000 personas bajo acusaciones de pertenencia a pandillas, muchas veces sin evidencia ni un proceso judicial adecuado. AI documentó la existencia de torturas, muertes bajo custodia, condiciones carcelarias infrahumanas y detenciones de personas inocentes, incluyendo menores de edad.

Además, en Argentina, pese a persistir las altas tasas de feminicidios y violencia de género, se recortaron los servicios de apoyo. AI expresa su preocupación "por el cierre y el deterioro de las instituciones, la retracción de las políticas públicas y la drástica reducción del presupuesto asignado para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia". Además, la organización alertó de que los periodistas argentinos sufrieron a diario violencia digital.

"Desde el inicio del Gobierno del presidente Javier Milei en 2023, casi 30 periodistas sufrieron acoso y violencia en redes sociales y en los medios de comunicación por parte del presidente y otros funcionarios", manifestó AI. En paralelo, el informe advirtió que, tras la aprobación de medidas restrictivas del derecho a la protesta en diciembre de 2023, "las autoridades han respondido a las manifestaciones públicas con creciente represión". También llama la atención la decisión del Ejecutivo de cerrar la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de niños apropiados y desaparecidos forzosamente durante el régimen militar de 1976-1983.

Aunque no es parte de América Latina, el informe incluyó advertencias graves sobre Estados Unidos, país con fuerte influencia regional. En 2024, activistas pro derechos humanos, especialmente quienes defendían los derechos del pueblo palestino, migrantes y el derecho al aborto, fueron objeto de vigilancia, hostigamiento y detención arbitraria.

La Administración de Trump "está haciendo todo por anular los estándares internacionales y nacionales relativos a los derechos humanos

La Administración de Trump "está haciendo todo por anular los estándares internacionales y nacionales relativos a los derechos humanos", dijo en declaraciones a EFE la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, tras la presentación del informe en Bruselas.

Además, plataformas digitales como Meta y TikTok eliminaron información sobre servicios de aborto, restringiendo el acceso a derechos reproductivos. Amnistía también señaló el aumento del uso de tecnologías de vigilancia y represión digital.

Este "efecto Trump" ha empeorado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante 2024, "echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas y acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial".