La Policía arresta a pobladores de Cajima, en Holguín, por pedir agua y comida

La Habana/La escasez de agua, comida y servicios básicos, especialmente en las zonas rurales de la Isla, protagonizaron el sábado otra protesta popular contra las autoridades en el poblado de Cajima, en el municipio holguinero de Mayarí. Según los reportes en redes sociales, donde también se compartieron videos e imágenes, varias personas fueron arrestadas por la Policía.

“Se habla de eso en todo Holguín. Se dice que la Seguridad detuvo a unos cuantos y que vigila a otros tantos”, cuenta a 14ymedio un residente de la ciudad cabecera. La información coincide con otros testimonios, que aseguran que, tras la protesta, “de inmediato apareció el agua”.

En las imágenes y videos compartidos se ve a varios residentes del poblado forcejeando con agentes uniformados y funcionarios en vehículos estatales en medio de una carretera. En la escena también se nota la presencia de niños y queda registrada la detención –no se sabe por cuánto tiempo– de algunos de los pobladores.

Cajima es una comunidad rural de pequeñas con menos de 100 kilómetros cuadrados de extensión y cerca de 4.100 habitantes, el poblado está ubicado “en la entrada de la carretera de la termoeléctrica de Felton, Lidio Ramón Pérez".

“Se habla de eso en todo Holguín. Se dice que la Seguridad detuvo a unos cuantos y que vigila a otros tantos”

En plena crisis energética y de desabastecimiento, y con una sequía feroz golpeando la Isla, son las comunidades más pequeñas y apartadas las que más sufren la ausencia de servicios básicos. Este año, varias protestas se han desatado en la Isla en las que los manifestantes han exigido, de forma unánime, corriente, agua o comida.

La madrugada del pasado 29 de junio, el municipio habanero de Guanabacoa fue el escenario de una protesta vecinal que dejó a su paso un incendio y una decena de detenidos. El detonante fue un apagón, sumado a la falta de agua, que empujó a decenas de residentes de los barrios Barreto, Teguete y Potosí a salir a la calle entre gritos de “¡Libertad!” y el ruido de botellas estrelladas contra el pavimento.

En pocos minutos, llegaron a Guanabacoa patrullas, policías vestidos de civil y unidades antimotines. “La Policía se llevó a todo el que pudo”, denunció entonces un vecino en redes sociales. En esa ocasión fue detenida Sunamis Quintero García, una joven madre que, según testigos, no participó directamente en la protesta. “Estaba sentada en el portal. Cuando vio que venían los policías empezó a gritar ‘¡Libertad! ¡Viva Cuba libre!’, y ahí mismo tres agentes se le fueron encima”, denunció su madre, Moraima García, en un video difundido desde Florida.

Meses antes, en mayo, se reportaron protestas en Granma, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba. Todas las manifestaciones tuvieron algo en común: el reclamo más frecuente era “Queremos corriente, queremos comida”. 

Este julio, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 845 protestas, denuncias y acciones cívicas en toda la Isla, con una notable prevalencia de las manifestaciones contra el régimen (209 casos), superando por segundo mes consecutivo las 200. La organización señala como principales causas de este aumento la grave crisis de los servicios públicos y la pasividad del Estado ante el deterioro general del país, destacando las controversiales declaraciones de la ex ministra Marta Elena Feito sobre la pobreza.

En plena crisis energética y de desabastecimiento, y con una sequía feroz golpeando la Isla, son las comunidades más pequeñas y apartadas las que más sufren la ausencia de servicios básicos

La represión se ubicó como la segunda causa de protestas –el observatorio incluye en su registro denuncias en redes sociales–, con 170 denuncias vinculadas principalmente a operativos de la policía política. El informe destaca acciones represivas como el impedimento a opositores de asistir a la celebración del 4 de Julio en la residencia del encargado de negocios de EE UU, Mike Hammer, y la frustración de actos conmemorativos del estallido social de 11 de julio de 2021. También se reportaron abusos a prisioneros políticos, incluyendo golpizas al opositor José Daniel Ferrer y la muerte en huelga de hambre del preso político Yan Carlos González.

Los apagones prolongados, de hasta 30 horas en algunas zonas, provocaron 138 manifestaciones relacionadas con los servicios públicos, asegura el OCC. A esto se sumaron denuncias por otros problemas sociales (100 casos), entre ellos las reacciones a las declaraciones de Feito, el aumento de la emigración, el trabajo infantil, el consumo de drogas y la indefensión de jóvenes en el servicio militar.

Otras áreas que reflejan la crítica situación del país incluyen la inseguridad alimentaria, con 90 protestas relacionadas con escasez e inflación, y un aumento en la violencia, con 83 denuncias por hechos criminales o de género y un salto en el número de muertes violentas. La situación de la salud pública y la vivienda también generaron protestas, con 41 y 14 casos respectivamente.