Para robar en almacenes los delincuentes se aprovechan de la desidia de los cuerpos de vigilancia
Televisión Cubana presenta un balance sobre los "ejercicios" contra el delito: identificaron a "vehículos del sector estatal implicados"
Madrid/La guerra televisada contra la delincuencia ofreció ayer en la Mesa Redonda su segunda parte. Las autoridades se mostraron muy satisfechas por haber detectado multitud de ilegalidades, robo de energía eléctrica y trasiego de mercancías “fundamentalmente relacionadas con el tráfico de alimentos, medicamentos, armas blancas, combustibles, dinero en efectivo y otros productos de procedencia ilícita". En estas actividades, admitieron “se identificaron vehículos del sector estatal implicados (...) por lo que se aplicaron las correspondientes medidas administrativas y penales cuando fue necesario”.
El programa de este martes en Televisión Cubana estaba dedicado a ofrecer los resultados del segundo “ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales” que se realizó entre el 24 y el 29 de marzo para dar continuidad al primero, entre el 2 y el 7 de diciembre del pasado año. El objetivo de este plan es “un pilar fundamental para el sostenimiento del orden interno y la tranquilidad ciudadana”, dijo el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Policía.
El “ejercicio” parece tener más nombre que resultados, ya que no se detectó ninguna mejora en los apenas tres meses que separaron al primero del segundo, lo que invita a pensar que hay más propaganda de la lucha que lucha en sí. Las autoridades saben dónde mirar y es lo que aparentemente hicieron para ayer exhibir datos. Morales Karell contó que se reforzó el patrullaje en los lugares “de mayor incidencia delictiva” lo que “permitió proteger objetivos económicos donde se almacenan recursos sensibles e importantes para la población, como bodegas, tiendas y almacenes”.
El “ejercicio” parece tener más nombre que resultados, ya que no se detectó ninguna mejora en los apenas tres meses que separaron al primero del segundo
Según el coronel, los delincuentes se aprovechan de la desidia de los cuerpos de vigilancia de las entidades, sobre quienes se han impuesto medidas administrativas y penales.
Números salieron muchos. Por un lado, 100 personas fueron detenidas por delitos vinculados al hurto, sacrificio o tenencia de carne de ganado mayor. Las drogas, una de las preocupaciones de actualidad en el país, ocuparon parte de la atención, con más de 46 intervenciones en comunidades, bares, discotecas y casas de renta en los que se requisaron casi 47 kilos de drogas de todo tipo, además de cigarrillos electrónicos y “altas sumas de dinero”. Para poner coto a este problema se realizaron 400 actividades formativas en centros escolares y laborales, aunque el fenómeno sigue en pleno auge.
También hubo refuerzo en las sanciones de tránsito. Se impusieron 14.000 multas, muchas de ellas a choferes que transportan pasajeros sin condiciones adecuadas, situación que no mejora por culpa del declive en el servicio público de transporte. En el primer trimestre de este año aumentó la siniestralidad masiva, afirmó el jefe policial, que también habló prolongadamente sobre la prevención.
“Las personas con conductas desajustadas fueron llevadas a las estaciones de la PNR u otros lugares para realizar acciones preventivas en la comunidad. Estas reuniones se llevan a cabo con el grupo de prevención y atención social. No se trata de 'detener por detener', sino que se ha agotado un trabajo previo con los grupos de prevención social, así como ofertas de trabajo o advertencias para que abandonen conductas problemáticas. Cuando esto no se respeta, se incurre en el delito de desobediencia”, espetó.
Además, se ha suspendido la libertad condicional de algunas personas que incumplen las obligaciones adquiridas y se dio seguimiento a los jóvenes “con conductas desajustadas”, incluyendo el incremento de la “vigilancia popular”.
Además, se ha suspendido la libertad condicional de algunas personas que incumplen las obligaciones adquiridas y se dio seguimiento a los jóvenes “con conductas desajustadas”
En esta labor de prevención hizo especial énfasis la Fiscalía, representada en televisión ayer por la vicefiscal general, Alina Montesino Li, que, no obstante, dio datos del ámbito sancionador. Hubo prisión provisional en el 86% de los casos vinculados a delitos graves, de los cuales el 97% están relacionados con el tráfico de drogas. Hubo 297 vistas orales en las que los fiscales promovieron “juicios ejemplarizantes”, dijo, con el fin de “fortalecer la justicia y la legalidad”.
En cuanto a los delitos económicos, 80 verificaciones fiscales a entidades estatales y privadas permitieron recuperar 121 millones de pesos y detectar 649 infracciones, entre ellas “doble contabilidad, almacenes con inventarios no declarados, precios abusivos y evasión fiscal”. También hubo multas por un monto de 22 millones de pesos, aunque la fiscal destacó que “solo 30 casos” –no pocos en apenas 5 días– fueron por la vía penal, ya que se priorizan “la prevención y el cumplimiento voluntario”.
Entre los datos más reveladores que dejó la intervención de Montesino Li estuvo la confirmación, percibida ya por toda la población, de que se celebran contratos sin procesos de licitación “o con evidentes favoritismos”, además de arrendamientos que no fueron cobrados a sus beneficiarios o cuyos recursos fueron desviados. También se observaron multitud de casos de sustracción de energía eléctrica mediante conexiones ilegales. Hubo 13 procesos penales relacionados con estos asuntos.
“Nuestro pueblo es clave en esta batalla. Cada denuncia fortalece la transparencia y la justicia”, dijo la fiscal, que agradeció las más de 11.000 denuncias ciudadanas que se atendieron en lo que va de año.
Acela Martínez Hidalgo, vicecontralora general de la República, también intervino para hablar de las cuentas públicas. Hubo 310 acciones preventivas en entidades de subordinación nacional y local, tanto en el sector empresarial como en el presupuestado, pero en el 39% de las entidades visitadas (121) “no se logró una implementación armónica y efectiva de la metodología”. La funcionaria concluye que hay falta de capacitación y subrayó la importancia de que los trabajadores se sientan “vinculados” con la empresa.
Por último, la jueza Ileana Gómez Guerra, presidenta de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, hizo de nuevo hincapié en el problema de la droga, para lo que se organizaron 111 “intercambios” en centros de enseñanza media y superior en los que se alertó de sus peligros. También se visitó a “quienes cumplen sanción en libertad, para verificar con los cederistas y miembros de otras organizaciones de masas su comportamiento”.
"La mayoría mantuvo una conducta adecuada, pero los 173 que no lo hicieron fueron requeridos, en relación con la gravedad de su conducta y a los casos más preocupantes se les revocó la posibilidad de cumplir sanción en libertad"
“La mayoría mantuvo una conducta adecuada, pero los 173 que no lo hicieron fueron requeridos, en relación con la gravedad de su conducta y a los casos más preocupantes se les revocó la posibilidad de cumplir sanción en libertad”, dijo Gómez Guerra.
Entre las 65 personas que quedaron bajo vigilancia, 55 tuvieron “mejor comportamiento”, pero 10 vieron revocados sus beneficios por persistir “en una conducta desajustada”. Sin grandes detalles, mencionó que 143 sancionados “realizaron donaciones de sangre, 76 participaron en trabajos voluntarios y más de 20 hicieron donaciones a hogares de niños sin amparo familiar”, acciones que parecen más forzosas que fruto de la buena voluntad.
Además, hubo 37 juicios ejemplarizantes en ocho provincias, especialmente por tráfico de drogas, portación y tenencia ilegal de armas y malversación, entre otros. Como resultado, 51 personas fueron sancionadas, el 96% con privación de libertad o trabajo correccional con internamiento.
A los 20 sancionados por delitos vinculados a las drogas se les impusieron penas de entre 6 y 15 años.“Este delito es muy lesivo para la sociedad, de ahí la importancia de mantener la política de tolerancia cero”, insistió, antes de destacar que los juicios han sido grabados y se les ha dado “visibilidad a través de los medios de prensa”. Una frase en la que resumió a la perfección el fin real de estos “ejercicios”: la escenificación.