Un tribunal cubano juzga a dos trabajadores de la Ñico López por derramar 280.000 litros de gasolina
Se desconoce cuándo ocurrieron los hechos, así como si ha habido daños medioambientales en la Bahía
Madrid/Dos trabajadores de la refinería Ñico López han sido procesados por derramar 280.000 litros de gasolina regular (B-90) cuando realizaban la descarga desde el buque a los tanques de almacenamiento. Según informó Habana Noticiario, los trabajadores fueron sometidos a un juicio penal en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre por el “delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas del Estado”.
El código penal, en su artículo 302, prevé para este tipo de delitos una pena de entre seis meses y dos años, y/o multa de 200 a 500 cuotas. Se desconoce si, además, la gasolina fue vertida a la Bahía de La Habana, causando además daños medioambientales.
Los imputados, afirmó la escueta publicación, “no siguieron los procedimientos establecidos” para realizar su trabajo, provocando pérdidas que se estiman en más de cinco millones de pesos. La cifra ha sido cuestionada por distintos usuarios que reaccionaron con estupor a la información. “Se perdieron 280.000 litros de gasolina B-90 y [hay] una pérdida económica de 5 millones. Eso da como resultado que el litro sale en 17 pesos y me venden el litro de regular en 132”, calculó un internauta en Facebook. “Cimex vende el litro de B-90 en 134 CUP –estimó otro–, por lo que hubieran recaudado más de 37,5 millones de pesos. ¿De dónde sacaron los 5 millones de pérdida?”.
El código penal, en su artículo 302, prevé para este tipo de delitos una pena de entre seis meses y dos años, y/o multa de 200 a 500 cuotas
No se han facilitado los nombres de los dos trabajadores, ni cuándo ocurrieron los hechos, así como tampoco la sentencia, que se supone aún no emitida. “Más detalles en próximas emisiones de Habana Noticiario”, adelantó la publicación. La noticia ha dado de qué hablar en redes sociales, donde se cuestionan, entre otras cosas, por qué dos empleados asumen toda la responsabilidad del hecho.
“Esos infelices pagaron el descaro de otros, entre ellos la administradora que los acusa. Ellos no tenían el adiestramiento necesario, porque no se lo dieron, y encima de eso trabajaron sin un supervisor”, lamenta un comentarista que se pregunta dónde estaban los superiores de los encausados. “¿Había tanta descarga de combustible que la empresa se vio obligada a abandonar a sus trabajadores a su suerte? Muchas más preguntas pueden hacerse pero al juez no le interesa y el abogado que tuvieron no fue capaz de hacerlas porque ya estaba determinado quienes pagarían ‘los platos rotos’”.
Aunque las autoridades han aireado la noticia en un gesto más de mostrar firmeza contra el delito, la mayoría de las respuestas demuestran el malestar que hay en la población al observar que el peso de la ley cae antes, de manera contundente y con más publicidad, sobre quienes menos nivel de responsabilidad tienen. “El compañero Gil robó más que eso y no le han hecho nada. Que ironía, ¿verdad?”, espeta un usuario aludiendo al ex ministro de Economía y Planificación, encarcelado –presuntamente– por un delito de corrupción desde hace más de un año sin que se tenga conocimiento aún de qué hizo.
“¿Y cuándo un tribunal le va a celebrar juicio al antiguo ministro de Economía Alejandro Gil y al vice primer ministro Jorge Luis Perdomo?"
Su caso fue similar al de otro dirigente, del que también se acuerdan los ciudadanos. “¿Y cuándo un tribunal le va a celebrar juicio al antiguo ministro de Economía Alejandro Gil y al vice primer ministro Jorge Luis Perdomo? ¿Cuándo van a informar al pueblo de las estimaciones de las pérdidas económicas por el incumplimiento del deber de ambos? ¡Qué poca vergüenza!”, agrega otro más.
Perdomo fue apartado del cargo por “errores en el desempeño de sus funciones” en octubre de 2024 y no hay la menor noticia de lo sucedido con él, exactamente como en el caso de su compañero de gabinete.
Algunos usuarios, los menos, se han mostrado partidarios de aplicar con severidad el código penal y consideran que tal delito puede estar vinculado, incluso, con la “contrarrevolución”.