Trump actualiza las medidas contra el régimen cubano que estaban en su memorando de 2017

Madrid/El presidente de EE UU, Donald Trump, firmó este lunes un nuevo memorando para fijar la política de la Casa Blanca hacia Cuba que contiene poco más que una reafirmación de las sanciones preexistentes y, de hecho, su redacción es casi idéntica a la aprobada en junio de 2017. El documento, no obstante, permite a los Gobiernos de ambos lados del Estrecho de Florida reforzar su retórica de aparentes dureza y victimismo respectivamente, a pesar de las escasas –cuando no nulas– novedades del texto.

El documento contiene seis políticas básicas entre las que solo la vinculada al conglomerado militar Gaesa tiene un potencial desarrollo. El memorando pide a la Secretaría de Estado que identifique y haga pública una lista de cualquier entidad vinculada a Gaesa con la que no se podrán realizar transacciones financieras directas o indirectas con el objetivo de “poner fin a las prácticas económicas que beneficien al Gobierno cubano, a sus agencias o personal militar, de inteligencia o de seguridad”. 

Aunque algunos medios como el Miami Herald consideran que abre la puerta a sancionar a empresas extranjeras que hagan negocios con el régimen cubano, la política ya existe desde junio de 2017 y noviembre de 2018, cuando en su primer mandato Trump prohibió el comercio con más de 180 empresas cubanas, incluyendo hoteles administrados por compañías extranjeras como Meliá o Iberostar sin que esto tuviera mayores consecuencias.

Aunque algunos medios como el 'Miami Herald' consideran que abre la puerta a sancionar a empresas extranjeras que hagan negocios con el régimen cubano, la política ya existe desde junio de 2017 y noviembre de 2018

En aquella directiva se abogaba también por auditar los viajes permitidos en alguna de las categorías autorizadas por las leyes del embargo. Lo mismo subraya el memorando de este lunes, en el que se se vuelve a reiterar que esas visitas deben tener una finalidad educativa, estar auspiciados por una entidad sujeta a la legislación de EEUU y realizarse en compañía de un representante de los organizadores. Durante la estancia se deben realizar actividades de contacto con el pueblo cubano. 

El documento insiste, exactamente como el de 2017, en que se deben auditar “periódicamente” los viajes –con un plazo de hasta cinco años después del viaje–para garantizar que se cumple la legislación vigente. 

Otro de los epígrafes calcados del texto anterior es el que indica la oposición a las medidas que exijan el fin del embargo en foros internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Anualmente, el régimen cubano presenta un informe pidiendo que la Asamblea General vote para mostrar su oposición a esas medidas y, aunque no tiene efectos jurídicos, el Gobierno de La Habana no ha renunciado nunca a hacerlo para poner de manifiesto que la mayoría de países lo apoyan en esta situación. EE UU ha votado sistemáticamente en contra –junto con Israel– a excepción de en octubre de 2016, cuando bajo el mandato de Barack Obama se abstuvo, por lo que esta política tampoco implica novedad alguna.  

Se repite también la petición de intensificar los esfuerzos para que se expandan los servicios de internet, algo que no solo estaba en la anterior directiva, sino que pidió con insistencia Joe Biden cuando, durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 el régimen suspendió las conexiones a la red. Hasta ahora, se ha demostrado técnicamente imposible, aunque la expansión de los equipos satelitales de Starlink podrían ser una vía a explorar en este sentido.  

Una de las novedades que aparece en el memorando actual es la referencia a la Oficina de Transmisiones a Cuba, a la que el presidente Trump incluye en el grupo de trabajo que prevé crear para explorar las posibilidades de expandir las comunicaciones gracias a la tecnología y “fomentar la libertad de expresión”. La mera mención al organismo que supervisa Radio-TV Martí supone un alivio para este medio que ha visto peligrar su existencia a partir de los recortes introducidos por la Administración actual. 

Otras cuestiones que vuelven a parecer en el texto son la negativa a reinstaurar la política de “pies secos/ pies mojados” que eliminó Obama antes de abandonar la presidencia estadounidense y voluntad expresa de “desalentar la migración ilegal y peligrosa que pone en riesgo la vida de cubanos y estadounidenses”. Se mencionan también las excepciones al embargo, contempladas por la ley de 2000 para la venta de productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos a la Isla, cumpliendo las exigencias que le son propias, entre ellas el pago por adelantado y en efectivo.

En su largo preámbulo, Trump menciona la necesidad de más libertad y democracia en Cuba y un pueblo que “ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad y no respeta su dignidad humana esencial”. Además, hace referencia a la necesidad de tomar las mismas medidas por “seguridad nacional”. 

El ministro acusa a Washington de adoptar una “conducta criminal y violatoria de los derechos humanos de toda una nación”

Pese a que la publicación del documento es un mero gesto político y el texto es un calco del anterior, la Casa Blanca ha conseguido colocar un mensaje de línea dura. A la vez, La Habana ha reaccionado como cabía esperar. A través de su cuenta en X, el canciller Bruno Rodríguez ha afirmado que el memorando dado a conocer “refuerza la agresión y el bloqueo económico que castiga a todo el pueblo cubano y es el obstáculo principal” para el desarrollo de la Isla. El ministro acusa a Washington de adoptar una “conducta criminal y violatoria de los derechos humanos de toda una nación”.

También se pronunció el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, que sostuvo que el documento no responde a intereses de seguridad nacional de Estados Unidos ni al bienestar de sus ciudadanos, “solo se responde al interés estrecho, vil y vengativo de aquellos que han hecho fortuna y carrera política con la agresión a Cuba”.

“Aún aparecen unos diciendo que no es un bloqueo económico y aquellos que pretenden argumentar que éste no plantea un obstáculo fundamental y mayúsculo al desempleo económico de Cuba y constituye el principal impedimento al desarrollo del país”, agregó Fernández de Cossío.

La Habana pide que se analice el memorando de manera conjunta con la Ley Helms-Burton para observar la “guerra económica despiadada” que suponen y pide que no se minimice su repercusión. Al régimen este nuevo memorando le da una nueva oportunidad para presentarse como una víctima de Washington.