Recortes, propinas sin impuestos o remesas gravadas, las claves de la gran ley fiscal de Trump
Ley fiscal
El proyecto prevé impuestos sobre las remesas enviadas por extranjeros y aumenta el gasto para construir centros de detención de migrantes
Washington/El paquete presupuestario y fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha apodado como el "gran y hermoso proyecto de ley", promete deducciones récord, recortes en programas sociales, propinas libres de impuestos, un mayor gasto en defensa y seguridad fronteriza, además de gravámenes sobre las energías renovables o las remesas.
La iniciativa legislativa, aprobada el martes por el Senado y que ahora retorna a la Cámara de Representantes para ser votada antes de que Trump pueda firmarla, propone hacer permanentes los recortes fiscales que el presidente ya aprobó en su primer mandato (2017-2021). Esto supondrá que el Estado deje de ingresar durante la próxima década entre 4 y 4,5 billones de dólares y que el déficit –que en el último ejercicio fiscal se situaba en 1,1 billones de dólares– crezca en otros 3 billones durante ese lapso, siendo este uno de los principales puntos de fricción entre los republicanos en el Congreso.
Otra provisión de la norma que Trump y los líderes republicanos han presentado como un gran gesto hacia la clase trabajadora es la exención de hasta 25.000 dólares al año en impuestos federales sobre las propinas de aquí a 2028, medida que supondría un alivio para el bolsillo de unos 4 millones de personas que viven en EE UU.
Parte de las deducciones fiscales récord del plan se financiarían, eso sí, con recortes de en torno a 1,2 billones de dólares que afectarán al programa de salud Medicaid para personas de bajos recursos, al de asistencia para la compra de alimentos SNAP o al llamado Obamacare, haciendo que varios millones de personas pierdan acceso a estas ayudas.
Otra medida para compensar parcialmente los recortes impositivos será gravar los envíos de dinero al exterior
Además de cargas fiscales que prometen encarecer los nuevos desarrollos de energía solar o eólica y socavar así a las renovables en EE UU, otra medida para compensar parcialmente los recortes impositivos será gravar los envíos de dinero al exterior. Si se aprueba la ley, cualquier remesa realizada por un no estadounidense que supere los 15 dólares cargará con un impuesto del 1%, menos del 3,5% planteado originalmente en lo que supone otra muestra de desdén del Gobierno de Trump hacia la comunidad migrante.
Precisamente es el apartado de seguridad y control fronterizo uno de los pocos que prevé incrementos presupuestarios para los próximos cuatro años. Las estimaciones hablan de unos 175.000 millones de dólares más en cuatro años destinados a construir nuevos centros de detención o muros y otras barreras o a invertir en nuevas tecnologías de vigilancia e incrementos de personal tanto para asegurar la divisoria con México como para detener a indocumentados en el interior del país.
En materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio margen, a inmigración ocho veces más presupuesto que al FBI y 13 veces más que a la DEA (Administración de Control de Drogas). El Gobierno también aumentaría la cantidad de agentes de migración –con unos 20.000 nuevos puestos– destinados a nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 64.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70.000 millones más destinados a la detención de migrantes, lo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados. El laboratorio de ideas conservador Cato ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas retenidas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
La ley también aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 1.000 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen.
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente. Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110) y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, lo que restringe aún más su ya limitado acceso a beneficios fiscales. Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal para los hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
El sector de defensa, que Trump considera clave en el marco de la rivalidad con China, sería el otro gran beneficiado por el proyecto de ley, con unos 150.000 millones de dólares extra (un 13% más) presupuestados para el próximo ejercicio. Una sexta parte de ese monto, unos 25.000 millones de dólares, estarían destinados a un escudo antimisiles bautizado por el mandatario como "Cúpula dorada", que promete beneficiar enormemente a los contratistas estadounidenses.
Sin embargo, el proyecto ha sido duramente criticado por los expertos debido a su inviabilidad y al hecho de que fomentaría una nueva carrera armentística, con países como China o Rusia optando por ampliar arsenales para tener capacidad potencial de penetrar este nuevo escudo.