Trump amenaza a los migrantes con embargar sus salarios y sus casas si no se autodeportan

Madrid/“O abandonan Estados Unidos voluntariamente, con el apoyo y la asistencia financiera del Gobierno federal, o permanecerán y se enfrentarán a las consecuencias”. Con estas palabras, el presidente Donald Trump ha vuelto a presionar a los migrantes irregulares en territorio estadounidense para que se autodeporten.

Lo ha hecho, esta vez, mediante una proclamación presidencial, firmada el pasado 9 de mayo, en la que establece lo que llama “Proyecto Regreso”. En ella, hace hincapié en la existencia de la aplicación CBP Home, para que los migrantes se autodeporten, y los incentivos anunciados la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para quien siga este camino de manera voluntaria: vuelo de regreso financiado por EE UU y un estipendio adicional de 1.000 dólares.

Además, pide que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior lleven a cabo “una campaña nacional de comunicaciones para notificar a los extranjeros ilegales la disponibilidad de viajes gratuitos a otros países, la bonificación de salida y las consecuencias generales para quienes decidan permanecer ilegalmente presentes, incluyendo “la deportación, el procesamiento, el encarcelamiento y las multas conforme a la ley aplicable para los delitos relacionados con la inmigración; el embargo de salarios y la confiscación de ahorros y bienes personales, incluidas casas y vehículos”.

Una de estas medidas decretadas por Trump es crear un “servicio de conserjería” que permita a todo extranjero que se encuentre en situación ilegal llegar a un aeropuerto

Ambos secretarios, indica el presidente, deben adoptar “todas las medidas apropiadas para permitir la rápida salida de extranjeros ilegales de los Estados Unidos que actualmente carecen de un documento de viaje válido de sus países de ciudadanía o nacionalidad o que deseen viajar a cualquier otro país dispuesto a aceptar su entrada”.

Una de estas medidas decretadas por Trump es crear un “servicio de conserjería” que permita a todo extranjero que se encuentre en situación ilegal llegar a un aeropuerto, “con o sin documentos de viaje apropiados, reservar viajes aéreos para reubicarse permanentemente en un país diferente, y reclamar la prima de salida” de 1.000 dólares.

El presidente establece en su proclamación que “a más tardar” 60 días después de la firma de esta, el secretario de Seguridad Interior “complementará las operaciones de cumplimiento y deportación existentes” mediante la contratación de agentes –“estatales y locales, ex agentes federales, agentes y personal de otras agencias federales, así como otras personas”, precisa Trump– , “no menos” de 20.000, para “llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los inmigrantes ilegales que no han salido voluntariamente”.

En el texto, Trump justifica la “provisión de recursos financieros” diciendo que “tiene el potencial de ahorrar enormes recursos de los contribuyentes, al tiempo que restaura la soberanía de nuestro país”. No sin antes, en el preámbulo, dibujar un escenario catastrofista para la migración.

A diferencia de una orden ejecutiva, con consecuencias legales inmediatas, una proclamación presidencial solo tiene efectos jurídicos si la respalda una ley aprobada por el Congreso

“Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos ha soportado una invasión a gran escala de extranjeros que entran y permanecen en el país ilegalmente, causando una implacable embestida de crimen, vagancia, violencia y muerte en innumerables comunidades estadounidenses”, dice, por ejemplo, con el vocabulario de trazos gruesos al que acostumbra, estimando los costos de la migración para los contribuyentes en más de 150.000 millones de dólares en 2023.

No queda claro, no obstante, cómo llevará a cabo su plan. A diferencia de una orden ejecutiva, con consecuencias legales inmediatas, una proclamación presidencial solo tiene efectos jurídicos si la respalda una ley aprobada por el Congreso o una potestad constitucional del presidente.

Trump podría, alegando razones de seguridad nacional, redirigir ciertos recursos del DHS u otros departamentos para financiar los “incentivos” para el retorno voluntario, pero estos, afirman diversos especialistas, no serían suficientes para cubrir los 20.000 agentes adicionales que pretende contratar. Ello requeriría un presupuesto adicional que el Congreso tendría que aprobar.

Por otra parte, tal y como ya ha pasado con el intento de revocación de beneficios migratorios como el parole humanitario, los jueces pueden poner freno a lo que consideren que atenta contra los derechos del individuo. Ante esta situación, que los especialistas achacan a la voluntad de crear un estado de miedo, sugieren a los migrantes que consulten sus opciones con un abogado, y que en ningún caso tomen como primera opción autodeportarse.

Pese a ello, según cifras del DHS, más de 5.000 inmigrantes irregulares han optado por autodeportarse durante el último mes mediante la app CBP Home. En cualquier caso, se trata de un número ínfimo, ya que se calcula que más de 10 millones de extranjeros están en situación ilegal en EE UU.