Ocho cubanas con I-220A liberadas se reúnen con la congresista María Elvira Salazar

La Habana/Beatriz Monteagudo, una cubana que tras ingresar a EE UU le otorgaron el formulario I-220A, una Orden de Libertad Bajo Palabra, pasó 58 días detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este jueves junto con otras siete migrantes se reunió con la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, que denunció el caso a través de sus redes sociales.

“Desde que supe de estos casos, mantuve comunicación constante con ICE, primero por el caso de Laura de la Caridad González Sánchez –estudiante de Enfermería que está en espera de su juicio, previsto para el 25 de diciembre de este 2025–, y luego por otras ocho jóvenes que me contactaron la semana siguiente”, dijo Salazar.

Monteagudo fue liberada el pasado miércoles, “pero no por el esfuerzo de ningún político” sino por apoyo de “verdaderos amigos y familiares que no la dejaron sola” y de un equipo de abogados que realizó los trámites y consiguió que un juez otorgara una fianza que fue cubierta con los fondos obtenidos a través de una plataforma. “Queda mucho por hacer en el caso de Beatriz y ahora hay que luchar su asilo en la Corte”, subrayó, en contraposición, la abogada de inmigración, Liudmila A. Marcelo a la cadena Telemundo.

La migrante, de 25 años, contó que el 10 de marzo al acudir a su cita en las instalaciones del ICE en Miramar, Florida, la detuvieron y como si se tratará de una criminal, le “pusieron grilletes y cadenas a la cintura”. La cubana mujer que es parte del procedimiento, sin embargo, para ella ha sido “traumático”.

La cubana comentó que había otras 18 personas que no entendían qué estaba sucediendo. Monteagudo permaneció cinco días en Miramar, Florida, y después fue trasladada al centro de detención en Otay Mesa, en San Diego, California. “Dios mío, si tu idea es que yo me quede detenida, que sea en este país, pero no en Cuba”, se dijo mientras estuvo bajo arresto.

Durante su estancia, la mujer fue presionada para que solicitará su salida voluntaria. “Me molesté y les dije que no lo iba a hacer porque estoy defendiendo mi caso de asilo político y al no ser ciudadana de otro país, tendría que regresar a Cuba”, cosa que no desea.

La letrada Liudmila A. Marcelo advirtió que la primera opción para los I-220A es defender su caso de asilo. “Hay que prepararlo bien, porque los jueces están pidiendo cada vez más evidencias”. La otra opción es la demanda que existe para que sea considerada un parole, prospere.

En abril pasado, Yadira Cantallops y Denice Reyes, ambas con I-220A, obtuvieron su libertad en abril pasado tras el pago de fianzas de 1.500 y 6.000 dólares, respectivamente.

La congresista María Elvira Salazar ha prometido no detenerse hasta “lograr un parole in place -un permiso de permanencia temporal en el país- para todos los que tienen I-220A”. Además, precisó que “no tiene sentido que se detenga a alguien que está contribuyendo positivamente a la sociedad”.

En junio próximo presentará nuevamente ante el Congreso la propuesta de Ley Dignidad, que incluirá a los I-220A. Un proyecto que pretende ser una solución para los migrantes que llevan al menos cinco años y se le dé una “oportunidad de trabajar y obtener un estatus legal renovable, condicionado a la buena conducta y los pagos de restitución realizados al contribuyente estadounidense”.