Pese a la decisión judicial a favor de los beneficiarios del 'parole', sigue la ofensiva para deportarlos

Madrid/Hay silencio en la Casa Blanca tras la decisión de la jueza de Boston Indira Talwani de suspender la cancelación del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Cientos de miles de beneficiarios se sienten felices y aliviados, pero en redes sociales los más acérrimos seguidores del presidente estadounidense Donald Trump ya instan a ignorar la medida judicial o destituir, directamente, a la jueza. 

Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental del republicano y su hombre de confianza, ha posteado en su cuenta de X un video, sin texto, en el que lamenta que la “burocracia” pueda tener más poder que el presidente. Aunque no indica a qué se refiere, no pocos lo han entendido como un cuestionamiento a las decisiones judiciales que están paralizando medidas anunciadas por Trump a bombo y platillo.  

El multimillonario y dueño de Tesla y X, entre otras empresas, está detrás de un movimiento de la Administración de Trump que se dirige, presuntamente, a presionar a los beneficiarios de alguno de los programas migratorios del Gobierno de Joe Biden a que se autodeporten. La Casa Blanca pretende, según publicó el diario The New York Times (NYT), cancelar los números de seguridad social de estas personas, lo que en la práctica supondría que dejaran de tener acceso a servicios financieros esenciales, como tener una cuenta en el banco o acceder a prestaciones públicas. 

Ahora, serán los migrantes con un estatus temporal otorgado por Biden quienes pasen a esa lista de supuestos difuntos

La información, publicada el fin de semana, es fruto de una investigación del medio neoyorkino, que tuvo acceso a documentos y entrevistas con seis personas vinculadas al asunto. Según el diario, la técnica consiste en recurrir al “archivo maestro de defunción” del Seguro Social, que se usa para listar los nombres de quienes ya no pueden ser perceptores de ayudas porque han fallecido. Ahora, serán los migrantes con un estatus temporal otorgado por Biden quienes pasen a esa lista de supuestos difuntos.

Según los documentos consultados por el NYT, 6.300 migrantes cuyo estatus legal acababa de ser revocado fueron añadidos la pasada semana a ese archivo. Los integrantes son, alega el Gobierno, delincuentes y terroristas, pero la iniciativa podría ampliarse a “personas que se encuentran en el país sin autorización”. Además, entre quienes aparecieron en la lista estaban un niño de 13 años y otros siete menores.

Leland Dudek, comisionado en funciones de la Administración del Seguro Social, dijo literalmente en un correo interno que las “vidas financieras” de esas personas se “terminarían”. El descontento ha sido tal que durante la semana dimitieron varios altos cargos al saber que la agencia tributaria cooperaría para localizar a migrantes indocumentados.

Dudek, continúa el Times, llegó a un acuerdo en febrero con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que le entregase las últimas direcciones conocidas de 98.000 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta 12 funcionarios del Seguro Social insistieron al diario en que con anteriores Gobiernos, de todo signo político, la información en sus manos estaba protegida y no se entregaba a inmigración salvo casos justificados.

“La aplicación de las leyes de inmigración no es competencia de la Administración del Seguro Social”

“Al utilizar los datos del Seguro Social para excluir a los migrantes, el Gobierno está usando a una agencia ampliamente popular –que existe para enviar prestaciones principalmente a los jubilados estadounidenses y a las personas con discapacidades–” para seguir a los migrantes, considera el medio, que califica de papel coercitivo el que se le asigna al organismo. Además, existe temor a que cualquier error en la base de datos pueda tener repercusiones fatales en la vida financiera de los afectados.

“La aplicación de las leyes de inmigración no es competencia de la Administración del Seguro Social”, dijo Jason Fichtner, alto funcionario del sector durante la presidencia de George W. Bush, que cree que el menor error puede suponer graves consecuencias para cualquier ciudadano.

La portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston, considera todo lo contrario y cree que el servicio es muy útil porque “elimina el incentivo” económico de las ayudas. “Los animaremos a autodeportarse”, dijo al NYT, que ha recibido quejas de que cada vez es más complicado solicitar una prestación. 

El medio también explica que no se ha cambiado la forma en que aparecen los migrantes en el registro, por lo que se les añade con supuestas fechas de defunción, según afirmaron dos fuentes cercanas. Martin O’Malley, ex comisario de la Administración del Seguro Social en el Gobierno de Biden, calificó la estrategia de inhumana. “Equivale a un asesinato financiero”.

Las normas indican que el Seguro Social sólo puede compartir información cuando una persona ha sido imputada o condenada por “delitos violentos” y para investigar graves fraudes, aunque ya en la primera Administración de Donald Trump se intentó presionar para que se entregase con fines migratorios. Esta vez, Dudek ha autorizado la entrega de datos al ICE y, presuntamente, se pretende que lo haga también con el Departamento de Seguridad Nacional.