HRW denuncia la "desaparición forzada" de los venezolanos deportados a El Salvador

Washington/ Caracas/La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes que más de 200 venezolanos deportados a El Salvador por la Administración del presidente Donald Trump, acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua, se encuentran en una situación de "desaparición forzada y detención arbitraria".

El 15 de marzo pasado, el Gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde el Gobierno de Nayib Bukele los encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel destinada originalmente para 40.000 pandilleros locales.

HRW indicó en una comunicado que entrevistó a cuarenta familiares de las personas enviadas a El Salvador y agregó que "los venezolanos permanecen incomunicados" desde su traslado al país centroamericano.

Loa familiares indicaron, según la organización, que "los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y que las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares".

"Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos"

"Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos", declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

"La crueldad de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso", afirmó Goebertus.

HRW exhortó a las autoridades estadounidenses a "hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador" y al Gobierno salvadoreño a "confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior".

La ONG envió una carta a las autoridades salvadoreñas el pasado 5 de abril solicitando información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones de detención en el Cecot y el fundamento jurídico de su detención, "pero el Gobierno de El Salvador no ha respondido", apuntó.

Todos los familiares de detenidos entrevistados por Human Rights Watch dijeron que las autoridades estadounidenses de migración les avisaron de que serían devueltos a Venezuela. A ninguno le dijeron que sería enviado a El Salvador.

"Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares", afirmó Goebertus.

Según el derecho internacional, "una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero"

Según el derecho internacional, "una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero", recordó HRW.

La Casa Blanca anunció el pasado martes oficialmente que el presidente Trump se reunirá el próximo lunes con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha aceptado encarcelar en su país a migrantes expulsados por Washington.

Entre los enviados al Cecot también se encuentra el salvadoreño Kilmar Abrego García, enviado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal por un “error administrativo”. Este jueves, el Tribunal Supremo pidióa la Administración de Donald Trump “facilitar” su vuelta a Estados Unidos.

El fallo del Supremo mantiene “parcialmente” una orden de una corte en menor instancia, señalando que el Gobierno debe traer de vuelta a Abrego y permitir que su caso migratorio continúe siendo procesado “como si no lo hubiera enviado de manera impropia a El Salvador”.

Sin embargo, los jueces no precisaron un plazo límite para ello y pidieron al tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo el Ejecutivo debe “efectuar” este traslado, para que la orden judicial no choque con el privilegio del Ejecutivo “para manejar la política exterior del país”.

El caso de Abrego García ha sido señalado por políticos y organizaciones para criticar la campaña de deportaciones masivas de Trump.

El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EE UU que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.

El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EE UU que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense

Abrego, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

La decisión del Supremo, redactada por tres de los jueces liberales del tribunal, critica duramente los argumentos judiciales del Gobierno para justificar su deportación y detención.

“La justificación del Gobierno implica que pueden deportar y encarcelar a cualquier persona, incluyendo a ciudadanos sin consecuencias legales, antes de que una corte pueda intervenir”, señala el documento.

Las autoridades migratorias estadounidense calificaron el envío de Abrego como un “error administrativo”, pero alegan que no tienen potestad para devolverlo a Estados Unidos porque ahora está bajo custodia de un Gobierno extranjero.

La Administración de Trump sostiene además que Ábrego García, quien no tiene antecedentes judiciales en EE UU que lo vinculen con el crimen organizado, es un miembro de la pandilla MS-13 y que no debe regresar al país.

Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario de El Salvador, cuya megaprisión está en entredicho por violaciones a los derechos humanos.

Los abogados de Abrego defienden que la decisión de enviar a su cliente a El Salvador viola la Constitución de EE UU ya que no se le garantizó un debido proceso.

Si no se permite su retorno a EE UU, subrayó a EFE Ama Frimpong-Houser, una de las abogadas del caso, se envía una señal de que el Gobierno “simplemente puede secuestrar a alguien en las calles, desaparecerlo en cuestión de días a otro país y lavarse las manos”.

Se envía una señal de que el Gobierno “simplemente puede secuestrar a alguien en las calles, desaparecerlo en cuestión de días a otro país y lavarse las manos”

“Es un precedente muy grave y todos estamos en riesgo”, subrayó.

El Gobierno de Trump ha enviado al Cecot a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

Este jueves llegaron a Venezuela 178 migrantes más, deportados por Estados Unidos, que aterrizaron en un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa, entre ellos, una persona con 'alerta roja' de la Interpol, informó el titular de Interior, Diosdado Cabello.

Sobre esta persona, el funcionario explicó que está acusada de cometer un homicidio, tras el que “se fue huyendo de Venezuela”, por lo que las autoridades del país caribeño lo reclamaron ante Interpol.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, el funcionario indicó que, del total de repatriados, 162 son hombres y el restante 16 son mujeres.

En ese sentido, aseguró que el costo de estos vuelos de repatriación es “enorme”, sin precisar un monto, por lo que se trata, dijo, de “un gran esfuerzo” no solo por los gastos en viajes sino en mantenimiento

En respuesta a una pregunta sobre si se verían afectadas estas operaciones de repatriación por el estado de emergencia económica decretado por Nicolás Maduro –que juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección–, Cabello dijo que “mientras esos aviones estén volando, la prioridad será ir a buscar a los venezolanos, estén dónde estén”.

En ese sentido, aseguró que el costo de estos vuelos de repatriación es “enorme”, sin precisar un monto, por lo que se trata, dijo, de “un gran esfuerzo” no solo por los gastos en viajes sino en mantenimiento.

En todo caso, aseguró que “traer ciudadanos de Estados Unidos depende de que ellos (las autoridades norteamericanas) estén listos”.

Hasta hoy, un total de 2.368 venezolanos han retornado a su país desde el pasado febrero, como parte, según Caracas, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con Estados Unidos y otros países, como México y Honduras.